Ingrid Betancourt exige justicia por el homicidio de su hijo Arturo, de 25 años; denuncia trabas de la Fiscalía del Estado de Yucatán

Arturo Rafael Alcocer Betancourt, de 25 años, fue asesinado el 7 de julio al interior de su domicilio en Mérida, Yucatán. Su madre, Ingrid Betancourt, se enfrenta a las trabas de los funcionarios de la Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE), así como a una serie de irregularidades que califica como negligencia institucional.

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Por Mateo Peraza

Ingrid Betancourt, de 44 años, maestra de primaria, está en la sala de su casa acompañada de su abogado, Roberto Dolz Ramos. Ingrid sostiene entre sus manos una carpeta con las evidencias que ha recopilado tras el asesinato de su hijo, Arturo Alcocer Betancourt, ocurrido el pasado 7 de julio en la colonia Felipe Carrillo Puerto, en Chuburná. Atrás de ella hay tres imágenes: Arturo en una iglesia (en esta imagen carga a su hija, la nieta de Ingrid); Arturo mirando a la cámara con la mitad del cuerpo afuera de una piscina; y Arturo de pie, bien vestido y sonriendo.

Desde el mes pasado, la vida de Ingrid se volvió una zona pantanosa, encriptada, donde los funcionarios que deberían apoyar a los familiares de las víctimas entorpecen los procesos para acceder a la justicia. El caso de su hijo se encuentra envuelto en negligencias, trabas burocráticas, maltratos de las autoridades y una lista de deficiencias y errores que ofrecen un reflejo del sistema de justicia del estado de Yucatán. En compañía de su abogado, Roberto Dolz, inició una investigación propia, gracias a la cual han recabado más evidencias que las autoridades.

Ingrid encontró muerto a su hijo el pasado 8 de julio. Arturo, de 25 años, padre de una niña, quien vendía rosas y se desempeñaba en trabajos diversos, recibió 26 puñaladas en el interior del domicilio que habitaba. Inmersa en el shock, Ingrid tomó una serie de fotografías que hoy muestran la falta de interés de la Fiscalía del Estado de Yucatán para recabar evidencias.

Al mostrarme las imágenes, Ingrid y su abogado precisan que en la escena del crimen se encontró una huella de calzado, cuyo origen conocen y se lo han informado a las autoridades, quienes ignoraron la pista. Al fondo, frente al cadáver de Arturo, había una cadena para cerrar una reja, la cual no fue colectada por los peritos encargados —Ingrid observó que, tras el peritaje, las autoridades sacaron 6 bolsas de basura tamaño jumbo de la casa de su hijo, cuando la evidencia presentada por la Fiscalía no llenaba siquiera una entera —. El arma o las armas utilizadas para el crimen se encuentran desaparecidas. Pese a encontrar la huella dactilar de uno de los involucrados, este aún no ha sido notificado para rendir una declaración. Ingrid explica:

“El miércoles 18 de agosto me llamó una señora, Marcia Soliz Quintal, para citarme en las oficinas de la Comisión de Atención a Víctimas, donde dijo que me daba el pésame, y pedía que le contara lo que sucedió, pues ella no tenía claro el caso de mi hijo. Me presenté, le expuse mi caso: le dije que estuve yendo a la Fiscalía, que desde el día 3 de agosto se había metido un escrito en donde se pedían varias cosas. En la primera visita a la Fiscalía, nosotros señalamos que en la escena del crimen había una huella de una persona, que se le girara la notificación para que declare; en la segunda, citamos a otra persona para que fuera y reconociera una huella; en la otra se solicitó la copia de la carpeta de investigación, la cual nos negaron al principio”.

La persona involucrada, quien todavía no rinde su declaración, ha sido identificada por vecinos de la zona por su presunta participación en otros delitos. A Ingrid se le informó que intentaron detenerlo, pero se puso “violento” y al final no lo hicieron. De acuerdo con el abogado, esto viola el debido proceso, los derechos del presunto participante, y trunca indefinidamente la resolución del caso. Dice:

“La huella estaba en la escena del crimen. Ahora, una vez con esta huella, el Fiscal no puede detener a la persona en cuestión, pues el Código de Procedimientos Penales es específico. A la persona se le tiene que notificar a través de una cédula de notificación para que se presente, le tienes que leer sus derechos, le tienes que tomar su declaración en presencia de su abogado, porque si violas sus derechos ya se cayó la carpeta de investigación, y se anuló el juicio. Ya no se le puede juzgar porque hubo una violación de derechos humanos gracias al Fiscal. Es irrisorio que me diga que la persona se puso agresiva y no lo pudieron detener, es decir, ¿fuiste a detenerlo o fuiste a llevarle una citación para que se presentara? Porque son dos hechos distintos. No hay entrevistas a los vecinos de la zona, no hay horarios establecidos, la causa de la muerte es una fractura de tórax expuesto, pero el médico legista no precisa los órganos afectados ni las causas orgánicas de la muerte. Los avances los hemos tenido por investigar por nuestra cuenta, y hemos tenido que tocar puertas externas para presionar a la fiscalía porque simplemente no camina la carpeta”.

Ingrid Betancourt junto a las fotos de su hijo Arturo.

Sobre esa línea, Ingrid recalca que en más de una ocasión le negaron el acceso a la carpeta de investigación, misma que integró el fiscal Javier Nahuat Yam bajo la clasificación G6/25/2021 y se encuentra repleta de inconsistencias. Para revisarla tuvo que interponer una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey). Hasta el momento, ni a Ingrid ni a su familia se le ha prestado atención psicológica, mientras que los problemas en la investigación han bloqueado su acceso a la justicia.  Roberto Dolz dice:

“Otra deficiencia que tiene la carpeta es que cuando tienes una víctima, y es una víctima de alto impacto, una de las protecciones que debes brindarles a sus familiares es el apoyo psicológico. La maestra Ingrid ya pasó por la Fiscalía, por Atención a Víctimas, y nadie hasta la fecha le ha dado el apoyo. No me imagino estar en ese lugar de un padre, todos queremos que nuestros hijos trasciendan, y estar en la situación de perder a un hijo, y más bajo estas circunstancias, debe de ser terrible; no imagino el impacto psicológico que debe tener la familia completa, porque no solo es la mamá”.

Y agrega: “Aquí son la mamá, los hermanos, la abuela, hay una hija de por medio. Todas esas gentes son víctimas y a nadie se la ha brindado un apoyo psicológico. ¿Qué está haciendo la fiscalía? Lo que está haciendo la fiscalía es decir que nos esperemos, que la carpeta se está investigando, y de ahí no pasamos. Todo lo hemos hecho nosotros. Se dedicaron a levantar actuaciones de rigor, a llamar al Instituto de Criminalística, al Médico Forense, el resguardo de la policía, a llamar a dos testigos, a tomarle la declaración a la señora, a hacer los trámites de entrega del cuerpo, y de ahí para acá no hemos visto más que la necropsia y un examen toxicológico”.

El representante legal menciona que, producto de problemas en el equipo técnico de la Fiscalía, no se han analizado dos indicios. La Fiscalía no cuenta con un equipo de espectrofotometría, de luz infrarroja, en tanto tampoco realizaron un ensayo de cromatografía y no han profundizado en los indicios que recopilaron ellos mismos en la escena del crimen. Comenta el abogado:

“Ellos no pueden (analizar ambos indicios) porque su equipo está echado a perder. También debieron hacer un ensayo de cromatografía. El sábado 17 de julio, con el fin de ir a la fiscalía para integrar la carpeta de investigación, la maestra (Ingrid) y yo nos desplazamos al lugar de los hechos. En el sitio encontramos, en una zona externa al lugar de los hechos, un pantalón, es decir, un indicio que no había sido procesado por falta de un reactivo químico. Le presentamos al fiscal por escrito que ahí había un indicio Entonces fueron, levantaron el indicio, pero no procesaron ni revisaron el área. Tomaron una fotografía y eso fue todo, cuando su responsabilidad era acordonar la zona”.

Dice que acudirán de nueva cuenta a la Fiscalía con el objetivo de exigir seis informes sobre lo que las autoridades han hecho hasta el momento. Cuestionarán qué ha sucedido con las actas de las entrevistas, si se hicieron revisiones del área, así como pruebas hematológicas.

“Ante que todas estas pruebas no las pueden hacer porque sus equipos están echados a perder, les estamos dando (a las autoridades, a la Fiscalía) la alternativa de cómo las pueden realizar”, dice el abogado. 

Ambos coinciden en que la lucha es en contra de la lentitud de la Fiscalía. Ingrid ha vivido en carne propia los maltratos de los funcionarios. En una ocasión presentó evidencias sobre los ataques que su hijo sufrió dos días antes de su asesinato. Cuenta:

“Cada vez que vamos, el Fiscal no se encuentra. Llego y me dan una fecha, y ese día tampoco está. Nos dicen que tuvo que salir a alguna diligencia. Incluso me han tratado de manera altanera. El domingo 11 de julio me tocó llevar pruebas para que se tomaran en cuenta. Para todo esto mi hijo fue agredido el lunes 5 de julio, y yo tengo fotos de esas agresiones, y tengo los audios donde mi hijo me describe quienes fueron esas personas. Ese domingo le presenté esas evidencias a la mujer encargada. Regresé el lunes 12 de julio y me dijeron: ‘¿usted a qué viene?, ¿cree que en algunas horas va a haber avances?’ Yo le respondí: ‘te apuesto a que si fuera tu hijo al que mataron como mataron a mi hijo, no te moverías de este lugar’. Son unas personas muy groseras, no tienen corazón para entender la situación de las personas. El Fiscal, por su parte, nunca me ha tratado”.

Ante esta situación, a un mes sin avances sobre el caso, luego de una serie de viajes en donde no ha recibido más que bloqueos por parte de las autoridades, Ingrid tomó la decisión de denunciar los hechos en redes sociales. Aportó evidencias y señaló a dos personas involucradas, a las que todavía no se les toma la declaración.

El abogado Roberto Dolz destaca:

“Es una negligencia englobada. Lo que hace la Fiscalía es dejarnos en un estado puro de indefensión para que, al paso del tiempo, se archive el caso. Tal pareciera que tenemos un juicio en contra de la Fiscalía. Nos entregaron la carpeta de investigación gracias a Derechos Humanos. Pero, antes, hay una gran cantidad de violaciones flagrantes al debido proceso, hechas por la Fiscalía. Nosotros pedimos la carpeta para poder revisarla, para poder avanzar en el proceso. Nosotros, como víctimas, somos coadyuvantes del Ministerio Público, pero parece que la Fiscalía nos ve como enemigos. Trataron el asunto en secrecía hasta que pudimos ver la carpeta”.

Y añade: “Tal parece que ellos tienen su propia ley, su propio reglamento, y lo aplican por encima de todo lo demás. La Fiscalía es una representación social que tienen que acomodarse a las necesidades de la sociedad. Ellos son quienes deben ejercer la acción penal, nosotros no podemos. De ser así ya hubiéramos hecho nuestra propia investigación, hubiéramos ido con un juez para presentar un juicio. El Fiscal tiene el monopolio de la acción penal. Estamos en total estado de indefensión. Somos dos simples mortales contra un monstruo”.

Para finalizar, Ingrid hace un llamado a las autoridades:

“Lo que pido es que tomen cartas en el asunto, que se ponga a trabajar la Fiscalía. No puede ser que, si ya hay huellas, ¿por qué no toman la declaración de la persona involucrada? Tomando esta declaración, pienso, se va a avanzar bastante. Debe de haber más involucrados. No puede ser que por la forma en que fue asesinado mi hijo, con 26 puñaladas, haya sido un solo involucrado. ¿Cuántos meses, cuántos años tengo que esperar para que se dé una solución, para que haya justicia?”

Mateo Peraza (Mérida, 1995). Reportero. Ha publicado textos en Efecto Antabus, Tierra Adentro y Punto de Partida.

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